El govern de la Generalitat ha aprobado la suscripción de un convenio entre el Departament de Justícia y el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC) para crear un programa que fomente el uso del catalán en la justícia gratuita. Los abogados que se inscriban, tal como explica la Generalitat, velarán para que los ciudadanos tengan garantizado el derecho a ser atendidos en catalán durante todo el proceso judicial. Los letrados, en este sentido, presentarán los escritos en catalán cuando el cliente lo quiera y solicitarán al juzgado que la documentación sea notificada también es esta lengua. Los abogados percibirán 14 euros añadidos por cada actuación en catalán, como por ejemplo una demanda, una contestación o un recurso.
El CICAC, por su lado, difundirá el programa entre la advocacía del turno de oficio, facilitará que los profesionales se inscriban, hará el seguimiento de las actuaciones e informará al Departamento. El convenio será firmado próximamente por la consellera de Justícia, Ester Capella, y la presidenta del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, Maria Eugènia Gay.
Uso residual del catalán en la justicia
Los jueces sólo escribieron en catalán el 8,5% del total de las sentencias del 2019. Este es el quinto año consecutivo en que las sentecias escritas en catalán no superan el umbral del 9%. Estos datos constatan que el catalán está en una situación de emergencia en los juzgados de Catalunya, con un uso residual que no se corresponde con el uso social de la lengua.
Recomendaciones del Consejo de Europa
El Consejo de Europa ha advertido reiteradament, en los últimos cinco informes, que el gobierno español incumple la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, que compromete a los estados firmantes —entre los cuales, el Estado español— a garantizar el uso de estas lenguas en la justicia, la administración pública o los medios de comunicación. En relación con esto, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha instado al Estado a hacer cambios legales para aumentar el porcentaje de personal judicial competente en estas lenguas.
Una lengua discriminada
El Departament de Justícia de la Generalitat considera que los jueces que trabajan en Catalunya deberían tener la obligación de conocer el catalán, porqué llevan a cabo un servicio público. El Govern reclama al Estado que la lengua catalana sea un requisito obligatorio para poder ejercer en Catalunya.
El Ministerio de Justicia incorporó el conocimiento de lenguas extranjeras com un mérito puntuable en las nuevas pruebas de selección de funcionarios; pero, en cambio, el catalán no se contempla ni como un requisito ni como un mérito. Los aspirantes, por tanto, suman puntos por el hecho de tener conocimientos de idiomas como els alemán o el danés, pero no el catalán, aunque quieran trabajar en Catalunya.
